TRIBUNALES DE ARBITRAJE
Mónica de Greiff, la presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá –que maneja el mayor centro de arbitraje del país– defiende ese mecanismo privado de solución de conflictos y dice que el mismo “es vital” para garantizar la inversión extranjera en Colombia. En entrevista con EL TIEMPO, responde a los cuestionamientos de la Agencia para la Defensa Jurídica de la Nación frente a varios laudos arbitrales en los que el Estado ha sido derrotado.
¿Cuál es la importancia que hoy en día tiene el arbitraje para el país?Lo primero que uno debe dejar muy claro es que este es un método alternativo de resolución de conflictos, lo que quiere decir que siempre la jurisdicción ordinaria o contenciosa, según el caso, están disponibles. El uso es absolutamente voluntario. A mí lo que me parece de esta discusión que ha generado la última circular presidencial sobre arbitraje es que realmente el Estado no ha definido lo que quiere.El Estado tiene todo el derecho a tener la mejor defensa posible y aquí en los tribunales de arbitramento están las garantías para que eso suceda. Creo que se está armando una tormenta en un vaso de agua. Yo creo que no se debe abusar de nada en la vida y no se debe abusar del arbitramento. Pero para la inversión extranjera es vital que Colombia tenga un centro de arbitraje serio, transparente, calificado y que dé garantías. Eso no nos lo inventamos acá, esa es la justicia que se utiliza en el mundo entero; los centros de arbitraje más conocidos son los de Nueva York o París. Si no somos capaces de mantener nuestra inversión extranjera con unos arbitrajes serios en Colombia, al final las compañías van a pedir que se vayan a esos tribunales de arbitramento de Nueva York o París, que se pagan además en dólares y en euros.El Gobierno dice que en siete de cada diez laudos el Estado pierde, y que esa proporción es inversa cuando las disputas se van por la jurisdicción contencioso administrativa...El centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá ofrece todas las garantías de seriedad y de transparencia, de seguridades jurídicas a quienes vengan acá. Categóricamente digo que eso de que el Estado pierde siete de cada diez casos no es cierto. Cuando el contrato es el que está mal hecho o hay incumplimientos, no importa a donde vaya el Estado, va a perder porque está mal.Pero la percepción en el Estado es tan seria que por eso sale la directriz de esta semana...No la entiendo. En el Centro de arbitraje había más de un billón 700.000 millones de pesos en arbitramentos en contra del Estado, y desde el 2011 hasta hoy el Estado ha sido condenado por 347.000 millones de pesos. Eso es menos del 25 por ciento. Eso en cuanto a montos. Y en cuanto a procesos, puedo decir también categóricamente que el Estado ha ganado el 52 por ciento de los arbitramentos. Me parece que puede haber una ligereza.¿El régimen de inhabilidades para los árbitros es efectivo?Yo creo que aquí hay dos temas importantes. El primero, que la ley ya ha reglado mucho el tema de cuántos arbitramentos se pueden tener –en caso de infraestructura hasta tres, en casos en los que el Estado es parte, hasta cinco–. Además hay un régimen de inhabilidades y de ética del mismo desarrollo de la profesión que está muy claro. Pero el Estado corre un riesgo muy grande si con los únicos árbitros que se va a quedar es con los que no han llevado casos contra el mismo Estado.
Es claro que el Estado tiene el deber y el derecho de defenderse bien y yo creo que la calidad de nuestros árbitros es suficientemente reconocida y seria para saber que cuando se falla se hace en derecho y hoy no están fallando de ninguna otra forma.
¿Cuál es la importancia que hoy en día tiene el arbitraje para el país?Lo primero que uno debe dejar muy claro es que este es un método alternativo de resolución de conflictos, lo que quiere decir que siempre la jurisdicción ordinaria o contenciosa, según el caso, están disponibles. El uso es absolutamente voluntario. A mí lo que me parece de esta discusión que ha generado la última circular presidencial sobre arbitraje es que realmente el Estado no ha definido lo que quiere.El Estado tiene todo el derecho a tener la mejor defensa posible y aquí en los tribunales de arbitramento están las garantías para que eso suceda. Creo que se está armando una tormenta en un vaso de agua. Yo creo que no se debe abusar de nada en la vida y no se debe abusar del arbitramento. Pero para la inversión extranjera es vital que Colombia tenga un centro de arbitraje serio, transparente, calificado y que dé garantías. Eso no nos lo inventamos acá, esa es la justicia que se utiliza en el mundo entero; los centros de arbitraje más conocidos son los de Nueva York o París. Si no somos capaces de mantener nuestra inversión extranjera con unos arbitrajes serios en Colombia, al final las compañías van a pedir que se vayan a esos tribunales de arbitramento de Nueva York o París, que se pagan además en dólares y en euros.El Gobierno dice que en siete de cada diez laudos el Estado pierde, y que esa proporción es inversa cuando las disputas se van por la jurisdicción contencioso administrativa...El centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá ofrece todas las garantías de seriedad y de transparencia, de seguridades jurídicas a quienes vengan acá. Categóricamente digo que eso de que el Estado pierde siete de cada diez casos no es cierto. Cuando el contrato es el que está mal hecho o hay incumplimientos, no importa a donde vaya el Estado, va a perder porque está mal.Pero la percepción en el Estado es tan seria que por eso sale la directriz de esta semana...No la entiendo. En el Centro de arbitraje había más de un billón 700.000 millones de pesos en arbitramentos en contra del Estado, y desde el 2011 hasta hoy el Estado ha sido condenado por 347.000 millones de pesos. Eso es menos del 25 por ciento. Eso en cuanto a montos. Y en cuanto a procesos, puedo decir también categóricamente que el Estado ha ganado el 52 por ciento de los arbitramentos. Me parece que puede haber una ligereza.¿El régimen de inhabilidades para los árbitros es efectivo?Yo creo que aquí hay dos temas importantes. El primero, que la ley ya ha reglado mucho el tema de cuántos arbitramentos se pueden tener –en caso de infraestructura hasta tres, en casos en los que el Estado es parte, hasta cinco–. Además hay un régimen de inhabilidades y de ética del mismo desarrollo de la profesión que está muy claro. Pero el Estado corre un riesgo muy grande si con los únicos árbitros que se va a quedar es con los que no han llevado casos contra el mismo Estado.
Es claro que el Estado tiene el deber y el derecho de defenderse bien y yo creo que la calidad de nuestros árbitros es suficientemente reconocida y seria para saber que cuando se falla se hace en derecho y hoy no están fallando de ninguna otra forma.
Estudiante: Eliana Fernanda Vargas R.
No hay comentarios:
Publicar un comentario